La Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, destaca al control interno como un mecanismo clave para asegurar un gobierno probo y efectivo.
El trabajo de la SFP, como órgano interno de control del Gobierno Federal, se desarrolla en tres grandes rubros: prevención, detección y fiscalización, e investigación e imposición de sanciones.
La prevención se basa en identificar, administrar y controlar los riesgos para establecer las estrategias que impidan la materialización de irregularidades en el servicio público. Para ello, la SFP promueve el funcionamiento eficaz de los 234 Comités de Control y Desempeño Institucional, los cuales están presente en toda la Administración Pública Federal y, tan solo en 2022, han permitido controlar y dar seguimiento a 4.1 billones de pesos.
Otro elemento de la prevención es el Código de Ética de la Administración Pública Federal, que fue publicado el 8 de febrero de 2022 y tiene como objetivo establecer los principios, valores y reglas de conducta que deben observar las y los servidores públicos. Su cumplimiento es vigilado por 312 Comités de Ética.
La segunda vertiente, la de detección y fiscalización, consiste en constatar el cumplimiento de las disposiciones normativas, revisar en tiempo real las compras y la ejecución de la obra pública, y fomentar la participación ciudadana.
Para 2022, la SFP ha programado 3 mil 763 actos de fiscalización. Además, como parte de la fiscalización del patrimonio público federal, se han dictaminado 488 estados financieros de los entes públicos correspondientes al ejercicio 2021.
Para controlar los procesos de adquisiciones y de obra pública, la SFP ha fortalecido y desarrollado las bitácoras electrónicas de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y de Seguimiento a Obra Pública (BESOP), mediante las que monitorea el 100% de la obra, al vigilar 3 mil 453 contratos por un monto de más de 44 mil 500 millones de pesos (mdp), y más del 80% del monto de las adquisiciones públicas, mediante la supervisión de 3 mil 241 contratos por un importe superior a los 313 mil 400 mdp.
Además, la SFP impulsa la contraloría social, que en 2022 validó las estrategias correspondientes a 72 programas con un presupuesto asignado de 696 mil millones de pesos. Asimismo, ya se han conformado más de 48 mil comités, en los que participan más de 219 mil personas beneficiarias.
La SFP, como encargada de conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas que puedan constituir responsabilidades, implementa las plataformas de Ciudadanos Alertadores de la Corrupción y de Denuncias Ciudadanas, con la finalidad de impulsar la participación de la sociedad e involucrar a servidores y servidoras públicas en el combate a la corrupción y a la impunidad.
En esta tercera vertiente, se tipifican y califican las presuntas responsabilidades administrativas derivadas de los actos de fiscalización y de las denuncias recibidas, se sancionan las conductas indebidas que están en el ámbito de competencia de la SFP, y se presentan las denuncias penales que correspondan.
Al tercer trimestre, se integraron 25 mil 003 expedientes, de los que mil 455 fueron por faltas administrativas graves, que fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, y 23 mil 548 expedientes corresponden a faltas no graves.
De estos últimos, se han concluido 20 mil 706 asuntos y 2 mil 842 están en trámite. Las resoluciones de los expedientes concluidos generaron la imposición de 2 mil 917 sanciones administrativas a 2 mil 552 personas servidoras públicas y 64 sanciones económicas por un monto acumulado de más de 133 millones de pesos.
Asimismo, la SFP presentó 79 denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos asociados con enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y peculado.
En materia de contrataciones públicas a licitantes, proveedores y contratistas, se emitieron 346 resoluciones, de las cuales 249 fueron sancionatorias, con multas que ascienden a mil 277 millones de pesos, y 175 inhabilitaciones a empresas.
La resolución 58/4, del 31 de octubre de 2003, de la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de aumentar la sensibilización sobre esta problemática y fomentar acciones corresponsables que destaquen la importancia de promover la integridad a nivel global.
